El INEC no podrá realizar el Censo Nacional y otras operaciones estadísticas programadas para el 2022

- Necesidades de los hogares y personas quedarán invisibilizadas y esfuerzos por ayudarles no tendrían sustento en evidencia de datos actualizados.

Desde el año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se ha visto enfrentado a una situación crítica al tener que aplazar la realización del XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda debido a que el Ministerio de Hacienda no concedió el espacio de crecimiento en el gasto corriente que impone la regla fiscal.

Pese a diversos esfuerzos realizados ante este ministerio para solventar los problemas de ejecución del presupuesto, así como con Presidencia y Ministerio de Planificación, lamentablemente no ha habido voluntad política, razón por la cual la institución anuncia una vez más la suspensión del Censo Nacional de Población y de Vivienda, así como del Estudio Económico de Empresas y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, todas programadas para el 2022 y con disponibilidad de recursos.                                                                                                                  

Es importante aclarar que el INEC no está pidiendo que se le exima de la regla fiscal ni solicitando presupuesto adicional, ya que gracias a la Ley No. 9694, la institución tiene la potestad de desarrollar proyectos estadísticos sin necesidad de solicitar dinero al Gobierno, y cuenta con la reserva de recursos para poder ejecutarlos cuando los necesite, de acuerdo con su plan de producción estadística. 

Es por esto que, actualmente, la institución tiene los recursos suficientes para atender las operaciones propuestas en el Plan Plurianual de Producción Estadística, sin embargo, la aplicación de la Ley No. 9635 (Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas), impide la ejecución del gasto más allá del límite establecido año a año para la institución y hace totalmente inviable realizar estos proyectos y cumplir con sus responsabilidades.

Cabe destacar que, el INEC es una institución autónoma, particularmente diferente a otras, ya que sus planes de trabajo tienen tanto operaciones estadísticas continuas, así como proyectos con periodicidades superiores a dos años. Esto hace que el presupuesto institucional sea oscilante y no constante, razón por la cual someterlo a un límite de gasto, hace imposible ejecutar encuestas y censos o cualquier proyecto específico, aun cuando se tengan los recursos.

“La institución es consciente de la crítica situación fiscal que enfrenta el país y lo ha demostrado al haber implementado la reducción de sus gastos en los últimos años y al financiar, con recursos propios, el proyecto censal. El Poder Ejecutivo debe tomar en cuenta que el INEC no está solicitando más recursos, únicamente pide que se autorice lo estipulado en el artículo 53” enfatizó Floribel Méndez, gerente del INEC.

Al tener los recursos y no poderlos ejecutar, se podría ver como una falta de eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, por una parte, al no poder ser invertidos oportunamente y por otra, al desperdiciar los recursos ya invertidos en la preparación de todas estas operaciones estadísticas, lo que incluiría también el despido de 150 personas capacitadas en estos proyectos aumentando así las estadísticas de desempleo nacional.

Es por esta razón que, ante la negativa del Poder Ejecutivo, la institución se encuentra buscando soluciones a largo plazo y actualmente busca promover en el Poder Legislativo una propuesta de reforma a la ley, para procurar la modificación del artículo 53, con el cual se enmendaría el problema de forma permanente y así poder asegurar la producción de las estadísticas oficiales del país, tal y como originalmente lo establece el espíritu de la Ley No. 9694.

Repercusiones para el país

La mayor preocupación de la institución es que las autoridades gubernamentales no comprendan la magnitud de las consecuencias a las que se puede ver enfrentado al país al no contar con información censal, y la de otras operaciones estadísticas, ya que las repercusiones podrían ser muy negativas, principalmente de cara a la recuperación de la crisis económica y social post pandemia COVID-19.

Tampoco el sector privado contará con insumos que les permita desarrollar estrategias de negocio e inversión con miras a la reactivación económica. En igual condición estarán inversores externos, y se corre el riesgo que, a las bajas calificaciones económicas de organizaciones internacionales, se sume el que dichos entes no podrán tener cifras sobre la realidad nacional para valorar el entorno social.

De cara al proceso electoral, esto implicará que las nuevas autoridades deban basarse en información desactualizada para planificar y evaluar políticas y acciones en el ámbito nacional, regional, municipal y para áreas y poblaciones vulnerables. Entes fiscalizadores del accionar público, tales como la Contraloría de la República, la Defensoría de los Habitantes, así como la propia Asamblea Legislativa, no tendrán información fidedigna y actual para realizar su labor. 

Además, el no realizar estas operaciones estadísticas afectaría a otras instituciones públicas, los gobiernos locales, la empresa privada, la academia y a otros usuarios, pero sobre todo a la ciudadanía.  

Consecuencias para los ciudadanos 

Al final, la mayor afectación la tendrá la ciudadanía, quienes quedarán invisibilizados ante las necesidades de los hogares y personas que habitan este país, sobre todo en este momento, ante las consecuencias de la pandemia.

Un ejemplo de ello será la desigualdad social, ya que no se podrían actualizar los mapas de pobreza que permitan identificar las concentraciones de personas en dicha condición, lo que afectaría directamente en la calidad de vida y desencadenaría que más ciudadanos permanezcan en la pobreza post pandemia, impidiendo que los recursos lleguen a las personas que más lo necesitan.

Asimismo, otro tema de gran relevancia es que, gracias a las nuevas temáticas en el Censo Nacional, por primera vez el país podría contar con información sobre aspectos como niveles de discapacidad, cuido de personas menores y de adultos mayores, lo que permitiría a las instituciones tomar de decisiones y priorizar proyectos en beneficio de esta población. 

Las autoridades institucionales lamentan la falta de voluntad política y la visión estratégica que representa contar con información actualizada, ya que la decisión que se tome marcará el rumbo de las estadísticas del país y de su importancia para la toma de decisiones informadas, lo que equivale a actuar con eficiencia y transparencia permitiendo que las personas conozcan su realidad y evitando que nos veamos enfrentados a un escenario que podría llegar a ser muy crítico. 

Los datos, entendidos como un bien público que debe beneficiar a todos los ciudadanos, son la piedra angular que permite encaminar al país en procesos de desarrollo que no dejan a nadie en el camino. La disponibilidad de datos oportunos y de calidad permite la profundización de la democracia y el desarrollo, otorgando insumos a periodistas, académicos, empresarios, gobierno y ONG que les permitan impactar positivamente a comunidades vulnerables.